Los ministros resolvieron que la Arquidiócesis de México debe responder a la demanda de juicio mercantil que un empresario inició en contra de Guillermo Shulemburg, ex abad de la Basílica de Guadalupe.

La Suprema Corte informó que, en 1992 el empresario Eduardo Pérez Gavilán, después de recurrir a distintos tribunales, demandó a la Arquidiócesis de México el pago de 3 millones 179 mil 975 pesos por realizar e imprimir imágenes de la Virgen de Guadalupe.

Sin embargo, la Arquidiócesis de México presentó un juicio de amparo para no pagar esta deuda, argumentando que este trato comercial se hizo cuando Guillermo Shulemburg era abad de la Basílica de Guadalupe y no tenía ningún tipo de representación de la Arquidiócesis En la demanda de amparo, la Arquidiócesis de México argumentó que cuando se inició este juicio mercantil, las iglesias no tenían personalidad jurídica y por lo tanto, no podían realizar contratos mercantiles.

La Suprema Corte explicó que fue en 1992 cuando se reformó este artículo de la constitución, concediéndole a las iglesias personalidad jurídica.

Durante el análisis de este juicio de amparo, los ministros de la Suprema Corte analizaron también el articulo Sexto de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

"El proyecto viene sosteniendo que es improcedente (el amparo) porque no hay interpretación constitucional, yo creo que sí la hay, toda vez que el Artículo 6 de la Ley Reglamentaria que se impugna (Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público) reproduce textualmente el artículo 130 de la Constitución Federal", dijo José de Jesús Gudiño, ministro de la SCJN.

Los ministros resolvieron que, en ambos artículos, las iglesias son iguales ante la ley en derechos y, por lo tanto, tienen obligaciones legales que cumplir.