CIUDAD DE MÉXICO, México. sep. 14, 2006.-La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que las auditorias a diversas dependencias y el análisis de la Unidad de Asuntos Jurídicos no hallaron elementos de tráfico de influencias u operaciones con recursos de procedencia ilícita por parte de los dueños de la empresa Construcciones Prácticas. La SFP envió una carta a la Cámara de Diputados en la cual explica el proceso de desahogo de las auditorias solicitadas por la Comisión de investigación encargada de revisar la legalidad de contratos de obra pública, concesiones y contratos otorgados a la empresa Construcciones Prácticas.
El desahogo de este procedimiento incluyó auditorias de tres firmas independientes a Pemex y a la Profepa para revisar contrataciones y condonaciones de multas, las cuales se concluyó que se hicieron con apego a la normatividad aplicable y vigente.
Además se auditaron 28 contratos que otorgó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a Fabricación y Colocación de Pavimentos S.A. de C.V. (Facopsa).
De acuerdo con un comunicado de la SFP, en la misiva que se envió al Legislativo se precisa que las auditorias a la SCT, Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se determinaron observaciones que deberán ser solventadas en un plazo de 45 días hábiles.
En la carta se aclara que algunas de las observaciones de los auditores independientes ya habían sido detectadas en auditorias previas y en los casos que lo ameritaban se iniciaron los procedimientos disciplinarios que corresponden.
La SFP informó que en torno al incremento del capital social de ocho personas morales relacionadas con Construcciones Prácticas, con la supuesta intervención de servidores públicos, se determinó después de un análisis, que no hubo participación de la empresa en esos hechos, ni afectación alguna a la federación.
En el comunicado la SFP subrayó que hasta que no se emita una resolución definitiva, los informes de auditoria y las cédulas de las mencionadas observaciones se mantendrán reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Esto, debido a que en este momento, las observaciones y revisiones hechas a petición de la Cámara de Diputados los avances dados a conocer en la misiva al presidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, Jorge Zermeño, están en fase de solventación, en la que existe un proceso deliberativo entre auditores y servidores públicos para las determinaciones definitivas a que haya lugar.
Abundó que Gonzalo Martínez Corbalá y Tirso Rodríguez de la Gala, observadores sociales que atestiguaron la revisión y auditorias, manifestaron que esos procedimientos estuvieron apegados a derecho, a la transparencia y con apego a las leyes.
