Las denuncias penales estaban en reserva desde 2002, por un acuerdo político que ese año pactaron el gobierno mexiquense y el FPDT, informó en entrevista el abogado del frente Leonel Rivera, encargado de los amparos.

Indicó que son siete las averiguaciones que se han reactivado contra miembros del movimiento de Atenco, de donde se han derivado 22 órdenes de aprehensión.

Las averiguaciones previas, dijo, se reactivaron el 4 de mayo, el mismo día en que las fuerzas policíacas federales y estatales ingresaron al pueblo para detener a más de 200 personas; sin embargo hasta hace unos días se conoció de esta reactivación.

Explicó que recientemente interpuso 25 recursos de amparo ante diversos jueces para conocer el estado de las averiguaciones previas pasadas y saber sobre la existencia de órdenes de aprehensión.

Los jueces primero y tercero en materia penal con sede en el reclusorio de Molino de Flores en Texcoco contestaron el recurso y trascendió la reactivación de tres denuncias en contra del FPDT, interpuestas los días 31 mayo, 1 de junio y 11 de julio de 2002.

Las primeras dos corresponden al caso de la retención del búlgaro Krassimir Kiriloviankov, dueño de la empresa Sistemas Avanzados y Proyectos, y a tres de sus trabajadores.

La tercera averiguación es sobre la retención de funcionarios de la Procuraduría mexiquense, entre ellos el subprocurador de Justicia de Texcoco, José Luis Mendiola, luego de los enfrentamientos de gente de Atenco con policías estatales en Acolman.

Leonel Rivero dijo que sólo de esas tres denuncias se han girado ya 22 órdenes de aprehensión. Entre ellas tres contra Jesús Adán Espinosa; dos contra Ignacio del Valle, Jorge Flores Ibarra, América del Valle, David Pájaro y Felipe Alvarez; y una en contra de Ulises del Valle.

El abogado puntualizó que esas averiguaciones previas habían sido materia del acuerdo político mediante el cual los gobiernos del estado de México y federal se habían comprometido a enviar a reserva todas las indagatorias, pero ahora las sacan otra vez.