Algunos ministros, como José de Jesús Gudiño, consideraron que la investigación efectuada por la comisión integrada por Emma Meza Fonseca y Oscar Vázquez Marín sólo se centró en indagar si había situaciones fuera de lo ordinario; mientras que Salvador Aguirre Anguiano consideró que fue una pesquisa "sobrada".

El caso generó 106 fojas dentro de la investigación de los magistrados, 45 anexos en cinco cajas con pruebas y 27 cintas de audio con entrevistas a diversos funcionarios.

Al dar a conocer su posición del caso, los ministros abordaron el tema de las grabaciones de una conversación entre el gobernador de Puebla, Mario Marín, y el empresario Kamel Nacif.

El proyecto respalda la conclusión de la comisión investigadora, de que hubo irregularidades en la integración de la averiguación previa por parte de la Procuraduría de Justicia de Puebla y del Tribunal Superior de Justicia del estado, así como en el proceso penal contra la escritora.

Sin embargo, no se evidencia una acción concertada para perjudicarla, señala.

Hasta las 14:05, cuando finalizó la sesión pública, hubo posturas encontradas, tanto en la conducción de la investigación como en la validez de las grabaciones de las conversaciones entre el mandatario poblano y el empresario conocido como "el rey de la mezclilla".

El ministro Genaro Góngora Pimentel se pronunció por desechar el proyecto a cargo de Ortiz Mayagoitia y considerar una posible violación a los Derechos Humanos, en el sentido de que también se vulnera la garantía de libertad de expresión, pues se trata de "una gobernada cuya profesión es el periodismo".

Dijo que la Suprema Corte está ante la oportunidad de emitir una resolución con relación a la libertad de expresión, pues en el audio se advierte que Marín aprovecha su condición de gobernante "para perjudicar a una periodista" y "para que aprendan otros y otras".

Además, "Lydia Cacho no es quien intervino las comunicaciones" y revelan "una conversación que todo México escuchó". Se menciona en la conversación, "entre otras palabras del lenguaje agreste", medidas para perjudicar a la periodista, y que se llevaron a cabo "para que aprendan otros y otras, pues al gobernador no le tembló la mano".

En ese sentido, Ramón Cossío coincidió con el ministro José de Jesús Gudiño en el sentido de que el informe es incompleto, al tiempo que se pronunció por no tomar en cuenta las grabaciones como pruebas válidas, pues implican un actuar ilegal, pero sí que a partir de ellas se iniciaran investigaciones para llegar a la verdad.

Consideró que "si bien no puede tener carácter de prueba, pues la Constitución dice cuáles son los medios de obtención de grabaciones", los magistrados de la comisión investigadora procedieron de una manera deductiva, aunque reiteró que no está a favor de que las grabaciones ilícitas se les dé un valor probatorio.

Gudiño expuso que el informe es insuficiente y "en efecto", hubo trato diferenciado hacia Cacho Ribeiro durante el proceso en su contra, desde la celeridad que se le dio a la denuncia interpuesta por Kamel Nacif, hasta el proceso penal llevado por la jueza Rosa Celia Pérez, pasando por la procuradora de Puebla, Blanca Villeda Martínez.

A su vez, Salvador Aguirre Anguiano consideró que el proyecto no menciona que hubo violación grave a garantías individuales, y en todo caso, las que se advierten pueden resolverse por la vía del amparo.

En tanto, Sergio Valls advirtió la ausencia de un análisis de la relación entre Kamel Nacif y el gobernador de Puebla para actuar contra la periodista Lydia Cacho.