Los ministros consideraron que el informe presentado por la comisión de dos magistrados en el que se detectaron irregularidades en el proceso penal de la periodista es insuficiente para establecer conclusiones sobre el caso denunciado en el que están involucrados el gobernador, la procuradora de Justicia del estado y el empresario Kamel Nacif, entre otros.

Sergio Valls, ministro de la Corte, indicó que "no se investigó nada, simplemente se investigó a las autoridades de la Procuraduría y a las jurisdiccionales… lo que a mi juicio procede es ampliar la investigación, para mi no es satisfactoria".

Los ministros dejaron claro que la prueba presentada con las grabaciones de llamadas telefónicas entre Mario Marín y Kamel Nacif no tiene valor probatorio, porque se obtuvo de manera ilícita, sin embargo, constituye una pista o indicio que merece ser investigado a profundidad.

El ministro Juan Silva Meza aseveró que "no se trata de una investigación de carácter o corte policíaco o ministerial, no… se trata de búsqueda de la verdad ¿Qué detona? fue una denuncia, una denuncia con un contenido que no es poca cosa, es violación de los derechos básicos, fundamentales de los menores".

Para el ministro Guillermo Ortíz Mayagoitia, ponente del caso, la investigación fue exhaustiva y no demostró violaciones graves a los derechos fundamentales de Lydia Cacho.

"La resolución que se nos pide es de contenido eminentemente político, los magistrados siguieron una metodología conforme a la cual investigaron los efectos materiales que pudo producir una concertación…no encontraron ningún vestigio de concertación", dijo.

El proyecto que propuso declarar que no existió violación grave de las garantías de la periodista fue desechado. Se ordenó realizar uno nuevo a cargo del ministro José de Jesús Gudiño que determinará la profundidad de la investigación y detallará la intervención y los vínculos del gobernador de Puebla, así como de sus subalternos.