En conferencia de prensa en esta capital, el acusador y sus abogados, Jeff Anderson y Vans Owen, informaron que analizan el monto de la cantidad que Aguilar Méndez solicitará ante la corte superior del estado de California como una de las formas de compensación por la supuesta culpabilidad del arzobispo Primado de México.

"Aún está por verse a cuánto asciende la valorización del daño que nuestro cliente sufrió a los 13 años de edad", indicó, quien en tres ocasiones a pregunta expresa de la prensa evadió enunciar la cifra o un aproximado de ésta que Aguilar Méndez solicitará le sea pagada por Rivera Carrera en este juicio.

Otro cuestionamiento que evadieron responder con exactitud es la cantidad de dinero que se ha gastado por concepto de pago a abogados, boletos de avión para un mínimo de siete personas en vuelos de Los Ángeles a México y viceversa, hospedaje en hoteles de cinco estrellas y alimentación, como parte de este caso.

Sólo se informó que hasta el momento "no se ha hecho una contabilización exacta del dinero empleado por todos esos conceptos", el cual proviene "de donaciones desinteresadas hechas por la sociedad civil a SNAP" como forma de apoyo y solidaridad para la resolución del caso.

Joaquín Aguilar Méndez forma parte de la red de sobrevivientes de abusos sexuales de sacerdotes (SNAP por sus siglas en inglés), con sede en Los Ángeles, California, y dirigida por Erick Barragán, también supuesto abusado sexualmente por un sacerdote católico, y quien llamó a otras víctimas a denunciar "el asalto sexual" sufrido en manos del cardenal Nicolás Aguilar Rivera.

"Les suplicamos a través de los medios de comunicación a todos aquellos que hayan sufrido de esa vejación que denuncien como en este caso Joaquín lo ha hecho; sólo cuando se tiene el coraje de denunciar y no seguir en la secrecía las cosas pueden cambiar y las víctimas dejar de sufrir en silencio", exhortó.

Los abogados Anderson y Owens explicaron, en inglés y español, que Rivera Carrera y su homólogo en Los Ángeles, Roger Mahoney, "serán culpables de conspiración internacional civil para la protección de un pederasta en tanto que no aparezca Nicolás Aguilar Rivera", de quien se desconoce su paradero.

Algunos de los delitos de los que son acusados ambos prelados son negligencia, complot civil, fallo en no advertir de manera pública acerca del peligro que Aguilar Rivera representaba, molestia emocional de la víctima e, incluso, "asalto sexual" por ser "jefes o superiores de quien cometió el hecho en forma material".

La denuncia fue recibida la víspera, a las 8:30 horas, en la corte superior del estado de California, Estados Unidos, con número BC358718, y tendrá un tiempo de 20 días para que esa instancia informe de manera oficial a Norberto Rivera y a Roger Mahoney, así como para que éstos respondan y presenten sus pruebas en argumento de su inocencia en el caso.