En conferencia de prensa en la sede de ese órgano eclesial, el portavoz Hugo Valdemar Romero, sostuvo que tales acusaciones vertidas en la denuncia interpuesta por Joaquín Aguilar Mendoza ante la Corte Superior de California, Estados Unidos, "son una extorsión y no cederemos a ello".

Acompañado por el abogado de la Arquidiócesis, Bernardo Fernández del Castillo, Valdemar dijo que Rivera Carrera podría hacer del conocimiento de la Procuraduría General da la República (PGR) los hechos que se le imputan, y que "acusan, denigran y difaman" a quien es la máxima autoridad de la Iglesia Católica en esta capital.

Solicitó a las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) investigar las presuntas irregularidades cometidas por lo abogados y representantes estadunidenses de Joaquín Aguilar, a quienes acusó de actuar con "una arrogancia ofensiva de las leyes mexicanas y con humillación de la Constitución".

Subrayó que el interés del acusador del arzobispo primado de México y de quienes lo representan es "comercializar la justicia", por lo que confían en que la Corte estadounidense no admitirá la demanda interpuesta el 19 de los corrientes.

La arquidiócesis de México "no cree que existan" ningunas grabaciones telefónicas del cardenal Rivera abordando este caso que implica al sacerdote Nicolás Aguilar, presunto abusador sexual y violador de menores, además de que es ilegal emplear cualquier audio producto del espionaje, sostuvo.

Hugo Valdemar aseguró que la Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales de Sacerdotes, a la que pertenece Joaquín Aguilar, ha demandado a todas las diócesis en Estados Unidos, con lo que ha obtenido ganancias multimillonarias.

Ahora, subrayó, pretenden trasladar esa dinámica a México y beneficiarse de recursos económicos de la Arquidiócesis capitalina.

Negó haber tenido contacto alguno con Joaquín Aguilar, aunque aclaró que tanto él como el cardenal Rivera se encuentran abiertos a dialogar con él.

Llamó a las autoridades a que investiguen las presuntas amenazas que Joaquín Aguilar ha sufrido contra su integridad física, luego de que decidió denunciar la violación de la que fue sujeto hace 12 años, y solicitó que se le brinde la protección necesaria para resguardar su persona.

Valdemar Romero expuso que en la Arquidiócesis de México "tenemos la impresión de que Nicolás Aguilar no es inocente"; sin embargo, dijo, a los jerarcas católicos no les corresponde localizarlo, sino a la policía federal o estatal, en caso de que exista una demanda en su contra y en territorio nacional.

No descartó que la Conferencia del Episcopado Mexicano pueda girar solicitudes a sus diócesis, las cuales agrupan a 13 mil sacerdotes para coadyuvar en conocer el paradero del presunto pederasta.

Al hacer un recuento de la permanencia de Nicolás Aguilar en la diócesis de Tehuacán, Puebla, cuando Rivera Carrera fungía como obispo de esa localidad, señaló que en 1987 no se conocía de la conducta delictiva de ese cura, por lo que resulta falso que el hoy arzobispo haya encubierto tales acciones.

Mencionó que en 1994, fecha de la presunta violación a Joaquín Aguilar Mendoza, Norberto Rivera aún no era arzobispo y subrayó que fue hasta en 2002 cuando ocurrió el primer contacto de este joven con la Arquidiócesis Primada de México.

Fernández del Castillo indicó que en caso de que la Corte de California decida dar curso a la denuncia habrán de seguirse los cauces legales, internacionales y diplomáticos, por lo que primero se informará a la cancillería mexicana del caso.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lo turnará al Gobierno del Distrito Federal, que a su vez lo girará al Tribunal Superior de Justicia capitalino, éste a los juzgados en materia civil y luego se hará del conocimiento de Rivera Carrera.