En ello coincidió el vocero de la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Lázaro, Luis Enrique Benítez Ojeda, quien dijo que desde hace varias semanas debió entrar de manera pacífica la fuerza pública a Oaxaca.

En entrevista, el líder de los diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara baja opinó que ya es hora de que se restablezca el orden en Oaxaca, mediante un operativo policiaco bien diseñado y ejecutado, que impida que exista cualquier violencia.

Señaló que no es justo ni correcto ser insensibles ante el sufrimiento de miles de familias oaxaqueñas que padecen los estragos que ha causado el conflicto que lleva más de 140 días.

Larios Córdova agregó que se ha dado un gran esfuerzo de negociación, pero "todo tiene un límite", por lo que es importante restablecer el orden, lo que no implica que desaparezca la mesa de diálogo, toda vez que hay problemas reales que se deben atender.

Insistió que no puede ser que cada vez que se acerca una solución al conflicto "tengan que ir a consultar, y que sean citados un día de la semana y desde allá anuncien que se van a tardar cinco días, porque ello puede llevar a que el conflicto y sus secuelas se prolonguen más tiempo".

Por lo anterior, reiteró que ya es tiempo de que se resuelva el conflicto y se restablezca la negociación sin hacer sufrir a tantas familias. "Ya basta de dejar de jugar a que van a ir consultar sobre las propuestas que ellos mismos hicieron", puntualizó.

Rechazó que su partido tenga la impresión de que si ahora cae el gobernador de Oaxaca el que sigue será el Presidente electo, Felipe Calderón Hinojosa, ya que un caso no tiene que ver absolutamente con el otro.

Respecto a la principal demanda de la APPO y del magisterio, aclaró que la facultad del Senado es declarar si existen poderes o desaparecieron, pero no determinar que desaparezcan, de manera que "deben tomar elementos de convicción de si existen o no poderes en Oaxaca".

Por separado, el vocero del PRI en San Lázaro, Luis Enrique Benítez Ojeda, expresó que desde hace algunas semanas debió haber entrado la fuerza pública, pero el Gobierno Federal echó marcha atrás a la decisión y ahora no quiere asumir el costo de ello.

Dijo que pareciera que el gobierno de la República lo que quiere es que ya se acabe el sexenio y heredar el problema, por lo que recurre a prácticas dilatorias para darle "atole con el dedo" a las autoridades y al propio gobernador de Oaxaca.

Sobre este último punto, Benítez Ojeda comentó que el haber restado fuerza al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, al quitarle el mando de la fuerza pública, es parte de la estrategia dilatoria del Gobierno Federal para ganar tiempo.

A su juicio pareciera que no existe la fórmula de conciliar las demandas de los inconformes y la vigencia del Estado de Derecho, y sostuvo que constitucionalmente la desaparición de poderes no procede porque éstos están funcionando.