CIUDAD DE MÉXICO, México, oct. 24, 2006.- La radicalización de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO) está orillando al gobierno federal a utilizar ya la fuerza pública, coincidieron senadores del PRI y del PAN. El ultimátum que la APPO envió al gobernador Ulises Ruiz para dejar su cargo en un plazo máximo de 72 horas, fue calificado por los senadores como un chantaje.
El senador priísta Carlos Jiménez sostuvo que “es intolerable este grado de presión y chantaje”.
-¿sí porque entré ya la fuerza pública?
“Si no le están dejando otra salida al Gobierno, aunque el Gobierno esté actuando tan irresponsablemente”, dijo.
Una vez más se pronunciaron por agotar el diálogo, pero también advirtieron que la fuerza pública es una herramienta del Estado.
Por lo que lanzaron una sugerencia a los maestros oaxaqueños.
El senador panista Humberto Aguilar señaló que “si el magisterio regresa a clases, me parece que es una señal muy importante que abona a la resolución del conflicto”.
Para Pablo Gómez, senador del PRD, la división entre los integrantes de la APPO está abriendo las puertas a la fuerza pública:
“Lamento que haya ahora división en el magisterio de Oaxaca… lo que va a venir es la represión, si ellos se dividen, el Gobierno los va a reprimir, los va a agarrar divididos”.
Sobre la pretensión del PRD de promover un juicio político contra Ulises Ruiz, gobernador de Oaxaca, tanto priístas como panistas lo calificaron como un proceso desgastante y carente, hasta hoy, de pruebas contundentes.