Hoy son retenidos entre 600 y 700 inmigrantes indocumentados procedentes principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador.

Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el inmigrante ilegal se ha convertido en una víctima de las autoridades locales y federales.

Mauricio Farah Gebara, quinto visitador de la CNDH, indicó que se han “documentado casos de extorsión, amenazas, maltrato, robo, agresiones, violaciones sexuales y otros abusos a partir de más de 800 expedientes de queja de migrantes, que ha abierto en 2005 y lo que va de 2006”.

El quinto visitador informó que una de las más graves y recurrentes violaciones de los Derechos Humanos contra los inmigrantes son las verificaciones migratorias ilegales que realizan autoridades federales, estatales y municipales que no cuentan con facultades para hacerlo.

La única autoridad que tiene esa responsabilidad es el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Policía Federal Preventiva (PFP).

“La mayoría de las autoridades argumentan que deciden cuestionar a los migrantes con base en lo que definen como una actitud sospechosa. Ello es inaceptable”, dijo el visitador.

Por diversas irregularidades documentadas en la verificación de inmigrantes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación número 13 dirigida a los secretarios de Gobernación, de la Defensa Nacional, de Marina, al procurador general de la República, a los gobernadores de todos los estados del país, al jefe de Gobierno capitalino y a los presidentes municipales.

“Se les exhorta a girar instrucciones precisas a los elementos de seguridad a su cargo para que se abstengan de realizar verificaciones migratorias. Ello no implica, debo subrayar, que se deje de colaborar con el Instituto Nacional de Migración cuando éste lo requiera en términos de ley”, aclaró el visitador.

. También hizo un exhorto para que elementos de seguridad de empresas privadas no intervengan en asuntos de migración.