CIUDAD DE MÉXICO, México, dic. 7, 2006.- El titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Rodolfo Félix Cárdenas, nombró a José Héctor Carreón Herrera subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales de esta dependencia.
En conferencia de prensa, destacó que Carreón Herrera es una
persona con experiencia internacional por lo que sabrá apoyar en la
reestructuración de la procuraduría capitalina.
Asimismo, Félix Cárdenas anunció el nombramiento de Francisco
Coronado Franco como subprocurador Jurídico y de Derechos Humanos, mientras que Rodolfo Rojo Gutiérrez será el coordinador general de Servicios Periciales.
La coordinación de Auxiliares del Ministerio Público del
procurador quedará a cargo de Verónica Romero Quiroz, mientras que la Visitaduría General estará a cargo de Genaro Vázquez Rodríguez.
El director general del Instituto de Formación Profesional será
Miguel Viveros Alonso; y la Fiscalía de Investigación para Servidores
Públicos estará encabezada por Manuel Escalante Villarruel.
En tanto, el procurador capitalino ratificó a Lorena González
Reyna al frente del albergue temporal de la PGJDF.
Por otro lado, en entrevista al término de los nombramientos,
Félix Cárdenas se refirió al caso del asesinato de Luis Alfonso
Belmar y aseguró que ya se toman cartas en el asunto.
"Mi llegada es reciente pero ya tengo el expediente del caso y
los estamos sometiendo a estudio, vamos a ser muy cautelosos pero
aclaro que no necesitamos recomendaciones externas y vamos a actuar con criterios de efectividad", comentó.
Cuestionado sobre el problema del narcomenudeo en la capital, el
abogado de la ciudad señaló que ya tienen líneas establecidas de
actuación, pero no reveló más información al respecto.
"Es un problema que tenemos claro y tengan la seguridad de que
le daremos un combate frontal, de la misma manera en que atacaremos al resto de la delincuencia", agregó.
El subprocurador capitalino es abogado por la escuela de Derecho
y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Puebla, y tiene una maestría en ciencias jurídico-penales, así como una especialidad en derecho procesal penal.