En sesión pública, los magistrados avalaron en votación dividida, de cuatro votos a tres, el proyecto de sentencia presentado por la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa, quien consideró procedente la modificación de la distribución de diputados de representación proporcional.

Con la nueva distribución, de los 14 legisladores por esta vía le corresponderán seis al Partido Revolucionario Institucional, seis a la Coalición Por el Bien de Todos, y dos al Partido Acción Nacional.

En caso de no variar la conformación del Congreso, por lo que corresponde a los diputados de mayoría relativa -pues todavía faltan por resolver impugnaciones a la elección de legisladores- el PRI no tendría la mayoría ya que sumaría 17 posiciones contra 18 de la oposición -16 de la Coalición y dos del PAN.

Por otro lado, la Sala Superior confirmó el triunfo de la coalición Por el Bien de Todos en la elección de diputados de mayoría relativa en el distrito electoral III del estado de Tabasco, con cabecera en el municipio de Centla.

A pesar del recuento que se efectuó en 17 casillas de ese distrito por orden del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral del país, los resultados que arrojó el nuevo cómputo y escrutinio no modificaron el resultado que arrojaron los comicios celebrados el pasado 15 de octubre.

Los magistrados estimaron infundados los agravios alegados por el PRI y confirmó el triunfo de la coalición.

El pasado 7 de diciembre la Sala Superior ordenó efectuar un nuevo escrutinio y cómputo en 17 casillas de un total de 40 en donde fue solicitado el recuento.

Por otro lado, la Sala Superior confirmó los triunfos del PRI en la elección de diputados de mayoría relativa en el distrito electoral local XVI, con cabecera en Tacotalpa y en la elección de ayuntamiento en Paraíso.

Asimismo, dejó firme el triunfo de la coalición Por el Bien de Todos en la elección de diputados de mayoría en el distrito electoral XIII con cabecera en Macuspana, todos en el estado de Tabasco.

Más adelante, la misma Sala confirmó tres multas impuestas por el Consejo General del Instituto Federal Electoral a igual número de agrupaciones políticas, por irregularidades encontradas en los informes anuales correspondientes al ejercicio fiscal 2005.

En el primer caso, se ratificó la sanción por 365 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal y dos amonestaciones públicas a la agrupación Democracia XXI.

En el segundo asunto se confirmó una multa de dos mil 541 días de salario mínimo vigente; otra por 297 días de salario mínimo y una amonestación pública a la agrupación Instituto para el Desarrollo Equitativo y Democrático.