OAXACA, México, dic. 20, 2006.-En un autobús de la Secretaría de Protección Ciudadana (Seproci), 52 personas trasladadas del penal de 'El Rincón', en Nayarit, a prisiones del estado, ingresaron al Centro de Reclusión Femenil de Tlacolula de Matamoros, donde seguirá su proceso por los hechos del 25 de noviembre. En tanto, la Dirección de Prevención y Readaptación Social (Dipreso) precisó sus primeras cifras dadas a conocer, e indicó que en total esa dependencia sólo recibió a 91 detenidos y no a 93.
Sin embargo, no proporcionó los nombres de las otras personas que, además de César Mateos y Jorge Sosa Campos, permanecen recluidos en 'El Rincón'.
Por su parte, a través de un comunicado, el gobierno del estado señaló que el traslado de los 91 detenidos a cárceles de Oaxaca es resultado de la solicitud que hicieron familiares de los detenidos al mandatario estatal, Ulises Ruiz.
Al respecto, Zenén Bravo, miembro del Consejo Estatal de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), dijo que en el penal de Tepic, además de César Mateos y Jorge Sosa, hay otros dos integrantes de esa organización detenidos, pero desconoce quiénes son, por lo que procederán a revisar las listas para hacerlo.
Asimismo, informó que el traslado de este grupo se debió a intermediación de los integrantes de la Comisión Unica Negociadora de esa asamblea con la Secretaría de Gobernación (Segob), y rechazó que se haya debido a negociación del gobernador Ulises Ruiz.
A los 52 reos que ingresaron al penal de Tlacolula de Matamoros se les continuarán sus procesos judiciales bajo el expediente 152/2006, mientras que en el caso de los 39 trasladados a Miahuatlán de Porfirio Díaz, el número de su expediente es el 88/2006.
Después de que el camión, escoltado por camionetas-patrullas de la Dirección General de Seguridad Pública (DGSP), ingresara a la prisión de Tlacolula, llegó Andrés del Campo Ortega, integrante de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limedh).
Ahí, informó que solicitará ver a los detenidos, para conocer si se violentaron o no sus garantías individuales.
Además, en otro comunicado difundido esta tarde, la administración estatal ratificó que atenderá todas las recomendaciones que le dirija la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de manera formal y de acuerdo con los cauces institucionales.
'La Procuraduría General de Justicia estará atenta a que la comisión aporte información concreta sobre las evidencias que obran en su poder, además de los testimonios que ha recogido', apuntó.
Finalmente, expuso que el gobierno estatal responderá a la CNDH para que se esclarezcan los hechos que considere violatorios de las garantías individuales.
