OAXACA, México, dic. 31, 2006.-Las autoridades de Oaxaca liberaron a otros 18 detenidos por el estallido de violencia registrado en noviembre, informaron hoy fuentes judiciales. Los detenidos, presuntos integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), fueron liberados de dos penales de Oaxaca.
La información fue proporcionada por Luis Mejía, abogado del Comité de Liberación 25 de Noviembre, la fecha en la que fueron aprehendidas por la Policía cerca de 200 personas, de las que quedan 73 tras las rejas.
Aquel día, una multitudinario manifestación contra el gobernador Ulises Ruiz terminó con graves enfrentamientos entre grupos radicales y fuerzas antidisturbios que resguardaban el Zócalo de la capital oaxaqueña.
El Comité de Liberación 25 de Noviembre fue creado por el pintor oaxaqueño Francisco Toledo y ha contado con el paradójico apoyo de la Procuraduría para la Defensa del Indígena (PRODI), una entidad del Gobierno de Ruiz que ha pagado la fianza de los detenidos.
Hace 10 días, fueron puestas en libertad otras 16 personas, aunque permanece tras las rejas el principal dirigente de la APPO, Flavio Sosa, que fue detenido en Ciudad de México el 27 de noviembre.
De los últimos 18 liberados, 11 salieron del penal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, a unos 100 kilómetros al sur de la ciudad de Oaxaca, y 7 de la cárcel de Tlacolula de Matamoros, a unos 30 kilómetros al oriente de la localidad.
A pesar de que la capacidad de protesta de la APPO ha caído notablemente en las últimas semanas, el Zócalo continúa custodiado por la policía y en sus bocacalles permanecen las vallas metálicas instaladas para evitar el ingreso de los manifestantes.
Desde el pasado día 20, una delegación de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) se encuentra de visita en Oaxaca para investigar si se han violado las garantías individuales de los ciudadanos durante el conflicto.
El sábado, la CCIODH realizó una rueda de prensa en la que reclamó "que se haga justicia" y criticó la supuesta arbitrariedad y los supuestos abusos de las autoridades en las detenciones.
La comisión tiene su sede en la ciudad española de Barcelona y está compuesta por expertos en derechos humanos de varios países, entre ellos España, Estados Unidos, Italia, Francia, Dinamarca y Costa Rica.
Los resultados de su visita, que concluirá en los próximos días, serán presentados al Parlamento Europeo y a distintos organismos internacionales.
