CIUDAD DE MÉXICO, México, ene. 9, 2007.- La Policía Federal Preventiva (PFP) entregó a funcionarios estadounidenses a un sujeto requerido por la Corte Superior del estado de California por su probable responsabilidad en el asesinato de un alguacil en la ciudad de Arcadia. En un comunicado conjunto, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal y la Procuraduría General de la República (PGR) informaron que entregaron a Jorge Arroyo García, alias "Jorge Rubo o Armando García", a funcionarios del United States Marshals Service.
El documento indicó que a Arroyo García también se le acusa de posesión ilegal de arma de fuego y tentativa de homicidio premeditado, deliberado e intencional.
Arroyo García fue detenido por elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) el 23 de febrero de 2006 en la calle Valle del Río Mississippi, colonia Del Valle, Tonalá, Jalisco, y es considerado uno de los 10 fugitivos más buscados por United States Marshals Service.
De acuerdo con autoridades de Estados Unidos, en 2002 Arroyo García conducía un vehículo Nissan, modelo 1989, junto con otras tres personas y al ser detenido por el oficial David March, descendió del automóvil y disparó al policía en la frente y en dos ocasiones en el cuello.
El detenido tiene antecedentes penales, ya que a la edad de 16 años fue detenido por la DEA por transportar 10 kilos de metanfetaminas, por lo que fue sentenciado a dos años de prisión y deportado a México el 31 de mayo de 1994.
Ante los indicios de que se encontraba en México luego de asesinar al agente policíaco, el gobierno estadounidense solicitó la detención provisional con fines de extradición a las autoridades del gobierno de México.
En 2004 se ejecutó el mandamiento oficial, quedando interno en el Reclusorio Norte, de donde fue trasladado al penal de Santa Martha Acatitla, expuso.
Una vez que la PGR ganó en los juzgados los recursos de apelación interpuestos por el detenido, la Secretaría de Relaciones exteriores concedió la extradición, por lo que Arroyo García fue entregado a las autoridades estadounidenses ante las cuales tendrá que responder por los delitos que se le imputan.