ACAPULCO, México, ene. 12, 2007.- Tres de los presuntos implicados en el homicidio del diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), José Jorge Bajos Valverde, fueron trasladados al Centro de Readaptación Social (Cereso) de este puerto. Esta acción se realizó luego de que en una rápida investigación policíaca, se les encontrara responsabilidad en el asesinato del diputado panista y ex presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Acapulco, cometido el pasado cuatro de enero.
Aldi Manuel González Rodríguez, esposo de la diputada suplente, Jacqueline Orta Rodríguez; Eder Andy González Rodríguez y Nicolás Cardozo Macedonio o Nicolás Arteaga Cardozo, en medio de un fuerte dispositivo policiaco, fueron llevados de la Agencia Central del Ministerio Público al penal porteño.
En tanto, el coordinador de delegaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ángel Pasta Muñuzuri, y Francisco Galeana López, cuñado de González Rodríguez, fueron puestos en libertad.
Horas antes, Jorge Luis Sánchez Navarrete, abogado del ex diputado federal, Ángel Pasta Muñuzuri, informó que su cliente fue involucrado en el homicidio de Bajos Valverde por cuestiones políticas.
Añadió que las detenciones hechas como parte de la investigación fueron anticonstitucionales y que su defendido sólo estaba en la agencia del Ministerio Público para aclarar los hechos.
Por otra parte, a través de un fax enviado a los medios de comunicación, familiares del secretario general del PAN en Guerrero, Ramiro Arteaga Sarabia, éstos informaron que logró un amparo.
Asimismo, se indicó que informó que en los próximos días Arteaga Sarabia podría presentarse ante las autoridades ministeriales para declarar por los hechos.
En tanto, a través de una carta abierta, egresados, estudiantes, personal administrativo y docente de la Universidad Loyola calificaron como "inverosímil" que las autoridades abran líneas de investigación, 'tomando como punto de indicio correos electrónicos que hablan de la fuente del bajo mundo'.
Esto, debido a que días antes de iniciar las detenciones, circuló entre funcionarios y medios, un correo electrónico anónimo inculpando a los ahora detenidos.
'Es inaudito y vergonzoso que se pretenda hacer justicia partiendo de suposiciones pueriles y que, de no ser tan graves, llamarían a la risa por su evidente falta de sustento", señaló el escrito.
Exigió al gobernador del estado, Zeferino Torreblanca Galindo, y a otras autoridades, entre ellas las de procuración de Justicia, a que 'sean guiados por la verdad documentada y por hechos de indubitable comprobación, que esclarezcan, de una vez por todas, el asesinato de Jorge Bajos Valverde'.