CIUDAD DE MÉXICO, México, ene. 21, 2007.- El aspirante a la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Jackson Ramírez, señaló como acertada la medida del Gobierno Federal de extraditar a narcotraficantes mexicanos hacia Estados Unidos. En rueda de prensa, el ex legislador consideró como legítimo utilizar la fuerza del Estado para combatir el crimen organizado.
Aunque expresó su confianza en que resulte exitosa, advirtió que el uso de la fuerza del Estado, con lo que implica la participación del Ejército, constituye la última oportunidad para enfrentar al crimen organizado.
"Es la última carta que tenemos. La última fuerza del Estado que se usa es la de las fuerzas armadas", subrayó el ex senador de la República.
México extraditó a EU a los narcotraficantes Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo, Gilberto Higuera, alias "El Gil", y a Ismael Higuera Guerrero, alias "El Mayel", de la organización de los Arellano Félix, informaron las autoridades el viernes pasado.
También fueron trasladados Héctor Palma Salazar, alias "El Güero Palma", del Cártel de Sinaloa, Gilberto Salinas Doria, del Cártel de Juárez, José Alberto Márquez Esqueda de la organización de los Arellano Félix y Gracielo Gradea Carrasco.
En cuanto a la elección interna, Jackson Ramírez llamó a sus adversarios a frenar cualquier intento de descalificación o guerra sucia en el proceso, ya que ello solo les traería consecuencias negativas.
Asimismo, exigió que no se pretenda forzar la decisión de quienes deberán elegir el próximo 18 de febrero al nuevo líder nacional del PRI, pues ello sólo generaría división y confrontación entre la militancia.
En conferencia de prensa, pidió a sus adversarios respetar el acuerdo de civilidad que suscribieron al aceptar participar en la contienda interna, y a los actuales dirigentes, abstenerse de pretender imponer una formula en la presidencia y Secretaria General del PRI.
Más adelante, el candidato se refirió al reciente incremento al precio de la tortilla que puede llegar hasta 8.50 pesos por kilo y lo calificó como un atraco impune en contra de las familias de menores ingresos.
Criticó al Gobierno Federal por no haber intervenido de manera oportuna para proteger la economía y la alimentación de millones de familias que apenas sobreviven con miserables ingresos.
Informó que envió una carta a los legisladores federales de su partido, en donde les manifiesta su solidaridad para proteger los ingresos de los mexicanos y oponerse al incremento de precios que atentan contra las clases menos favorecidas.
