CIUDAD DE MÉXICO, México, ene. 23, 2007.- En Los Pinos el presidente Felipe Calderón presentó la iniciativa de la Ley de Remuneraciones, que busca retabular de manera justa los salarios de los funcionarios públicos de los tres ordenes de gobierno. En una ceremonia efectuada en Los Pinos en la que el presidente fue el único orador, destacó que es inadmisible que haya funcionarios con altos sueldos en regiones de alta marginalidad.
"El sueldo es un instrumento que debe servir al servidor público para vivir con decoro en el cumplimiento de su función, pero los recursos públicos no deben ser botín de nadie, se acabaron los tiempos en los que la meta era enriquecerse a costa del presupuesto", mencionó Calderón Hinojosa.
La iniciativa de Ley de Remuneraciones establece que ningún funcionario público debe tener un sueldo mayor al del Presidente de la República.
“Ningún servidor público podrá recibir una retribución mayor a la establecida para su superior jerárquico y ningún salario podrá rebasar al que se asigna, precisamente, para el titular del Poder Ejecutivo”, informó Calderón Hinojosa.
Esta iniciativa pretende regular los sueldos de los servidores públicos de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y a los que trabajan en organismos constitucionales autónomos como el Instituto Federal Electoral (IFE), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH, el Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática (INEGI) y los Tribunales agrarios entre otros.
“Por tal razón se prevé también en la iniciativa, la constitución de comités integrados por expertos independientes que contribuyan a determinar los sueldos y los tabuladores que regulan los sueldos, tomando en consideración los recursos públicos disponibles, las condiciones de vida de la población, los resultados obtenidos en la gestión y las circunstancias que prevalezcan en el mercado laboral”, indicó el Presidente de la República.
Se busca que el Congreso establezca montos mínimos y máximos para cada nivel, puesto o categoría, que serán determinados cada año en los presupuestos de Egresos correspondientes.
Se propone que estas reformas a los artículos 73 y 127 de la Constitución entren en vigor para el próximo ejercicio fiscal, tras lo cual deberán revisarse y, en su caso, ajustarse los salarios de altos servidores públicos en los órganos de gobierno en todo el país.