CIUDAD DE MÉXICO, México, 25, ene. 2007.-En la sede de Naciones Unidas en México se presentó el Barómetro Local, un estudio para medir el déficit en el respeto al derecho que todo mexicano tiene al debido proceso. Son derechos relevantes en materia penal, que competen a los gobiernos de los estados.
Miguel Sarre, coordinador de Barómetro Local, explicó que “es aquello que permite que no se imponga la ley del más fuerte en la calle y que tampoco se imponga la ley del más fuerte en los juicios penales”.
Este primer estudio se realizó durante 8 meses en los estados de Chiapas, Durango, Morelos, Nuevo León y el Distrito Federal.
Los resultados muestran que en los gobiernos estatales hay espacios ocupados por poderes arbitrarios, que deterioran la relación entre gobernantes y gobernados.
Amerigo Incalcaterra, representante en México de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, dijo que hay “al menos 3 problemas estructurales del proceso penal: el primero la situación de desventaja y de debilidad en la que se encuentra el imputado, el segundo el margen de discrecionalidad con el que pueden actuar las autoridades encargadas de la procuración de justicia, lo cual en ocasiones se traduce en alta dosis de impunidad. Tercero, el incumplimiento generalizado del derecho de las víctimas a la reparación del daño”.
Señalaron que en México ni siquiera existe una partida en los presupuestos estatales para reparar el daño causado a una víctima.
Naciones Unidas espera que este primer Barómetro Local propicie cambios legislativos y de políticas publicas en ámbitos donde los gobiernos de los estados tienen espacio de acción.
