Los magistrados consideraron que las infracciones en que habían incurrido las agrupaciones Democracia Constitucional y Diversa Agrupación Política Feminista no eran graves, como lo estableció el órgano fiscalizador del IFE, por lo que ordenó revisar el monto de las sanciones que deberán aplicarse.

En el primer caso, el Instituto Federal Electoral (IFE) había impuesto una multa de 217 mil 662.24 pesos a la agrupación Democracia Constitucional, por irregularidades encontradas en sus informes anuales de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2005.

Según el proyecto de sentencia presentado por el magistrado presidente Flavio Galván Rivera, en principio, la autoridad responsable calificó como graves las infracciones cometidas por esa APN, pero sus demás razonamientos conducen a la conclusión contraria.

"Es decir, que la recurrente cometió una infracción que no afecta valores sustanciales; que no dispuso indebidamente del recurso de financiamiento público; que la infracción sólo es de carácter formal, consistente en falta de claridad y suficiencia en las cuantas rendidas", explicó Galván Rivera en sesión pública.

También "que no existe actuación dolosa, sino falta de cuidado, y que es la primera vez que la agrupación presenta un informe de este tipo", señala la sentencia.

El magistrado presidente cuestionó también el monto de sanción por más de 217 mil pesos, pues la APN apenas recibió 231 mil 967 pesos con 36 centavos como financiamiento en 2006, multa que equivale a 94 por ciento de los recursos públicos que le entregaron y 247 por ciento de lo que recibió en 2005.

Galván Rivera concluyó que las multas impuestas son excesivas en función de la capacidad económica de la agrupación sancionada, por lo que revocó la resolución del Consejo General del IFE y le ordenó modificar el monto de las sanciones impuestas.

En el caso de Diversa Agrupación Política Feminista, el IFE le impuso una sanción por 127 mil 20 pesos y una amonestación pública, por no haber presentado los estados de cuenta bancarios de los meses de enero a diciembre de 2005 y por no coincidir su balanza anual.

El asunto fue turnado al magistrado Manuel González Oropeza, quien estableció que la autoridad fiscalizadora violó el derecho de audiencia y sancionó a la agrupación sin permitirle aportar pruebas o rectificar los errores.

Además, consideró que la falta no fue grave, como lo estableció el Consejo General del IFE, sino leve, por lo que le ordenó modificar el monto de la sanción. En tanto que dejó firme la amonestación, en virtud de que ésta no fue impugnada por la APN.

La Sala Superior del TEPJF confirmó, en tanto, las designaciones de Nayibe del Carmen Valencia Sansores y José Jesús Mateo Salazar Azcorra como magistrados del Tribunal Electoral de Yucatán, que habían sido impugnados por el partido Alianza por Yucatán.

Asimismo, revocó la sentencia dictada el 31 de octubre de 2006 por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, por lo que dicho órgano deberá entregar las prerrogativas que corresponden al Partido Verde Ecologista de México en esa entidad.