En sesión privada, los ministros aprobaron el proyecto final de resolución que discutieron el día seis de este mes. Establece que se da por sentado que hubo violaciones de garantías individuales, por lo que la comisión se centrará en resolver los siguientes cuestionamientos:

¿Por qué se dieron esas violaciones? ¿Alguien las ordenó? ¿Obedeció a una estrategia estatal o al rebasamiento de la situación y a la deficiente capacitación de los policías? Más lo que resulte.

El documento señala dos objetivos: primero, que la sociedad mexicana y la comunidad internacional, y sobre todo los habitantes de Atenco y Texcoco conozcan el por qué ocurrieron los hechos de 3 y 4 de mayo de 2006; el segundo, que depende del resultado del primero, que la Suprema Corte establezca criterios sobre límites de la fuerza pública.

El Máximo Tribunal podría hacer llegar su opinión a las autoridades competentes sobre formas de reparación de la violación de garantías, ya sea jurídicas o civiles, y en su caso sobre posibles responsabilidades civiles, penales, administrativas o políticas.

Los ministros confirmaron a los magistrados de circuito Jorge Mario Pardo Rebolledo y Sergio Alejandro González Bernabé como encargados de la investigación, quienes deberán informar a la brevedad las conclusiones de su trabajo.

La facultad de la SCJN para investigar violaciones graves de garantías individuales está contemplada en el artículo 97 de la Constitución.