Consuelo Carreto-Valencia, acusada de más de una veintena de delitos relacionados con el comercio sexual, el trabajo esclavo y la inmigración ilegal, compareció este viernes ante un juez federal en Brooklyn para conocer los cargos en su contra.

La presunta líder del clan fue extradita desde México el pasado 20 de enero junto a otros quince presuntos delincuentes reclamados por las autoridades estadounidenses.

Carreto-Valencia, sus dos hijos y otros tres individuos fueron acusados el 16 de noviembre de 2004 de formar parte de una red con base en San Miguel Tenancingo (Tlaxcala) y que entre 1991 y 2004 comerciaba con mujeres a las que forzaban a prostituirse en México y en la ciudad de Nueva York.

De acuerdo a la acusación, varones de la familia Carreto se dedicaban a atraer con relaciones románticas a mujeres y jóvenes de zonas pobres de México para después, mediante métodos amenazadores e incluso palizas, forzarlas a ejercer la prostitución.

Como parte de la operación, Carreto-Valencia confinaba a algunas de esas mujeres en su casa y recolectaba las ganancias que generaban sus actividades en México y Estados Unidos.

La familia Carreto consiguió centenares de miles de dólares de beneficio, mientras que las víctimas, que habían sido separadas de sus familias y obligadas a prostituirse, apenas recibieron compensación, según la fiscalía federal de Brooklyn.

En el caso de Nueva York, las mujeres llegaban a la ciudad después de haber sido introducidas de manera ilegal en EU y las obligaban a prostituirse por un precio de 25 o 35 dólares por cliente.

De esas cantidades, los dueños de los burdeles percibían la mitad y el resto era para el miembro del clan, quien después transfería los fondos a México y en su mayor parte a Consuelo Carreto.

Más de una mujer que quedó embarazada fue obligada a abortar con el fin de que pudiera seguir trabajando como prostituta.

En abril de 2005, Josué y Gerardo Flores Carreto, hijos de Consuelo, se declararon culpables de los cargos en su contra y fueron sentenciados a 50 años de prisión cada uno.

Otro acusado, Daniel Pérez Alonso, quien también reconoció su culpabilidad, recibió una condena de 25 años de prisión.

Las autoridades estadounidenses han subrayado que el proceso al clan Carreto es uno de los mayores casos de tráfico sexual llevados ante la justicia en base a la Ley de Protección de Víctimas de Tráfico de Personas, que aprobó el Congreso de EU en el año 2000.

"El tráfico de personas es un delito de la más cruel explotación. La organización criminal de los Carreto sometió a sus víctimas a abuso físico y a la prostitución y las convirtió en virtuales esclavas", señaló en un comunicado Julie Myers, secretaria adjunta de Seguridad Interior para Inmigración y Vigilancia de Aduanas.