Según el proyecto de reformas, Calderón indica que el secuestro se ha convertido en un flagelo que afecta a todos los mexicanos y en una industria con ganancias considerables ante la falta de sanción efectiva, por lo que es necesario aumentar las penas en algunas modalidades de ese delito.

De esta manera, propone de 15 a 40 años de prisión y de 500 a dos mil días de multa a quien secuestre una persona para obtener rescate, tener en calidad de rehén a alguien y amenazarla de privarla de la vida o causarle daño si lo denuncia ante la autoridad.

De igual manera, el Ejecutivo federal pidió de 20 a 40 años de prisión y de dos mil a cuatro mil días de salario mínimo si el secuestro se lleva a cabo en dominio público o en lugar desprotegido o solitario, o que quienes lo lleven a cabo actúen en grupos de dos o más personas y lo hagan con violencia.

También propone 25 años de cárcel a prisión vitalicia y de cuatro mil a ocho mil días de multa si el secuestrado es un menor de 18 años y si se le lleva fuera del país para obtener lucro por su venta y entrega.

El proyecto también plantea 30 años de prisión hasta prisión vitalicia a los secuestradores que sean, hayan sido o pretendan ser integrantes de alguna institución pública; cuando la víctima sea mujer, menor de 18 años o mayor de 60 años de edad o esté en inferioridad física o mental, o si es lesionada.

La propuesta presidencial de reformas a los artículos 25 y 366 del Código Penal Federal también contempla una pena de 40 años de prisión a prisión vitalicia cuando la víctima sea asesinada.

En el caso de que se libere espontáneamente al secuestrado con vida dentro de los tres días siguientes al hecho, la pena para el responsable será de cuatro a ocho años de cárcel.

La propuesta del presidente Felipe Calderón fue turnada a comisiones para su análisis y dictaminación.