Durante su comparecencia ante las comisiones unidas de Gobernación y de Población y Asuntos Fronterizos de la Cámara Baja, la comisionada Cecilia Romero ejemplificó la obsolescencia de la ley.

“El ejemplo más notable de ello es el Artículo 123 de dicha Ley, el cual todavía indica la aplicación de pena corporal para quienes se internan sin los documentos correspondientes al territorio nacional, en este sentido, la Secretaría de Gobernación se ha abstenido consistentemente de presentar querella”, agregó la comisionada.

Dijo que como parte del flujo migratorio, por la frontera sur se internan 400 mil migrantes indocumentados cada año que buscan llegar a Estados Unidos.

Mientras que 20 millones de extranjeros se internan en tránsito local.

“En la letra de ley no estamos muy lejos de las posturas antimigratorias que recientemente se han manejado en los Estados Unidos”, apuntó la funcionaria.

En materia de Derechos Humanos de los migrantes asegurados precisó que en lo que va del año se recibió una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y ya se atendió.

“Hemos enviado circular a todos los delegados del INM en los estados donde se informa que la utilización de cárceles como Estaciones Migratorias tendrá como sanción inmediata el cese del funcionario responsable”, subrayó Romero.

Por último, informó que el Instituto Nacional de Migración participa en la elaboración del Programa Integral para una Frontera Sur Segura con Respeto a los Derechos Humanos, que será presentado en los próximos días por el Secretario de Gobernación.