El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Luis Carlos Treviño Berchelmann, indicó que luego de un diálogo del gobernador Natividad González Parás con el Jefe del Ejecutivo, éste dio su respaldo total en estas acciones.

En conferencia de prensa, donde se refirió a los hechos violentos de las últimas horas ocurridas en la entidad, el funcionario expresó el pesar del Gobierno del Estado por los ataques donde han muerto personas inocentes y servidores públicos.

"El Gobierno de Nuevo León lamenta profundamente que las balas del crimen organizado hallan alcanzado a gente inocente, como fue el hecho donde civiles perdieran la vida el día de ayer -en céntrica joyería local-", manifestó.

Indicó que "ayer mismo, el señor gobernador del estado sostuvo una conversación telefónica con el Presidente de la República, por la tarde, para compartir la información que teníamos hasta ese momento".

La respuesta de Calderón Hinojosa fue, añadió Treviño Berchelmann, "que refrendaba todo su apoyo al Gobierno de Nuevo León para tratar de que en el programa de combate al crimen en Nuevo León y Tamaulipas se refuercen todas las medidas".

El objetivo, subrayó, es "que vayan todas las fuerzas del Estado para contener y desde luego, resolver estos asuntos".

Asimismo, dijo que la Secretaría de la Defensa Nacional (SDN) ha refrendado su respaldo para fortalecer los despliegues militares en esta región del país.

Afirmó que hay decisión de "ir con todo" y en próximos días se emprenderán acciones "mucho muy bien coordinadas" entre autoridades estatales y federales, las cuales declinó detallar.

Treviño Berchelmann rechazó un fracaso del llamado "Operativo Nuevo León", toda vez que se ha controlado problemática fuera de la zona conurbada, pero en el área metropolitana la lucha por la plaza, particularmente por las "narcotienditas", agudiza su combate.

“En el caso del Gobierno de Nuevo León, por instrucción del ejecutivo estatal se brindará todo el apoyo necesario a los deudos de los fallecidos y no dejarlos en el desamparo”, reiteró.

Detalló que en el caso de la ejecución del coordinador operativo de la Policía de San Pedro, Benjamín Espinosa Velázquez, ayer por la tarde en una joyería del centro de Monterrey, donde también fallecieron otras tres personas, participaron tres sujetos.

Los asesinos huyeron en un automóvil Chevy gris y las armas accionadas eran de las denominadas "cuerno de chivo" y calibre 40. Señaló que la última víctima que faltaba por identificar era Ignacia Pérez Barrientos, cliente que se encontraba al momento de la agresión dirigida hacia Espinosa Velázquez.

“Las otras dos víctimas mortales fueron la esposa del jefe policiaco, Juana Griselda Sánchez Meléndez y el vigilante del negocio, Fernando Rodríguez Hernández”, dijo.

Respecto a los dos policías municipales atacados esta madrugada a las afueras de una tienda de conveniencia en el municipio de San Nicolás de los Garza, estos fueron identificados como Enrique Gallegos Salazar y Alberto Hernández Aguilar, mientras que el efectivo Antonio González Sifuentes resultó herido.

Mencionó que sobre la avenida Arturo B. de la Garza de la colonia Villarreal, donde se consumó la agresión, se encontraron casquillos percutidos de "cuerno de chivo", calibre 7.62 y AR-15.

Asimismo, el procurador dijo que en el vehículo Yukón, accidentado sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, en el municipio de Apodaca, donde dos personas resultaron lesionadas, se encontró armamento de grueso calibre diverso.

Dichos sujetos fueron identificados como Juan Manuel Morales Núñez y Alfredo Medina Coronado, quienes serán los primeros en ser procesados con la nueva legislación del Código Penal Estatal que incluye los delitos contra la seguridad de la comunidad.

Indicó que se aseguró una arma larga R-15 con luz infrarroja, una corta calibre 5.7 de las llamadas "matapolicías", una escuadra .9 milímetros.

Además, expresó que en el vehículo se encontraron cargadores para teléfonos celulares, radios de comunicación, fundas para cargadores, cinco chalecos, cinco fornituras, taladros, caladoras, extensiones, radio-sirenas, bolsas de dormir, pantalones, cintos y gorras camuflageadas.

Destacó que en este caso, la PGJE, en coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR), llevará a cabo las investigaciones para esclarecer la participación de estas personas en hechos delictivos.

"La simple posesión de lo asegurado hace viable aplicarles la nueva legislación y al margen de lo que surjan de las investigaciones, no tienen derecho a fianza y pueden recibir penas de hasta 15 años de cárcel", declaró.

Respecto a los posibles móviles de los ataques a policías, dijo que entre las hipótesis que se analizan es que "estorbaban" a la delincuencia, venganza al participar en su combate o que representen señales de intimidación a las corporaciones.