Al entregar el documento a las comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y del Senado, el ombudsman nacional, José LuisSoberanes, señaló que se cometieron violaciones al derecho a la libertad, a la integridad y seguridad, a la propiedad y posesión, a la legalidad y seguridad jurídica y al derecho a la vida.

En el Palacio Legislativo de San Lázaro expuso que ese informe abarca del 2 de junio de 2006 al 31 de enero de 2007, lapso en el que murieron 20 personas, 11 de manera directa con los hechos y nueve de forma indirecta.

El informe del organismo destaca que "el estado de Oaxaca presenta grandes rezagos en materia social, económica y política que no han sido atendidos oportunamente por parte de los tres órdenes de gobierno conforme a su esfera de competencias".

Señala que esa situación, sumada a la falta de capacidad para el diálogo y la negociación para la atención de las demandas laborales de la Sección XXII del SNTE, generó y desarrolló un conflicto en el que participaron, además del magisterio de Oaxaca, asociaciones y grupos que conformaron la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.

Expone que durante los más de seis meses del conflicto "se evidenció la incapacidad de las autoridades estatales y el desinterés de las federales para atenderlo y darle solución".

Con ello, refiere, incumplieron su deber de impulsar desde las instituciones los procedimientos democráticos, apegados a Derecho, para la solución pacífica de los conflictos.

Plantea que al no hacerlo se cancelaron los espacios del mejor ejercicio de sus facultades institucionales y de la política. Esas actitudes propiciaron vacíos de poder que los grupos sociales ocuparon y que para su recuperación se recurrió al uso de la fuerza pública.

También "la CNDH comprobó que se realizaron violaciones a los Derechos Humanos por parte de autoridades federales, estatales y municipales en el desarrollo de sus actividades".

A decir del organismo, existió omisión, considerando ésta cuando particulares o algún otro agente social realiza algún ilícito que viola derechos humanos, contando con la tolerancia o anuencia de algún servidor público o autoridad o bien cuando éstas últimas se niegan de manera infundada a ejercer las atribuciones a las que legalmente están obligados.

El informe que analizarán los legisladores resalta que se cometieron violaciones al derecho de libertad, específicamente contra la libertad de reunión y la libertad personal, por detenciones arbitrarias y por retenciones ilegales, y a las libertades de expresión y a la información.

De igual forma se registraron violaciones al derecho a la propiedad y a la posesión. En este caso se materializaron en ataques a la propiedad privada y a la posesión por desapoderamiento y daños.

De acuerdo con el documento de la CNDH se cometieron violaciones al derecho a la integridad y seguridad personal. Las violaciones acreditadas en ese rubro comprendieron atentados contra la integridad personal y tortura.

"Violaciones al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica. Se configuraron violaciones contra la administración de justicia por dilación en la procuración de justicia, dilación administrativa en los procedimientos jurisdiccionales, por irregular integración de averiguación previa y por incomunicación", precisa.