Entrevistado en el marco de un foro celebrado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, explicó que con la expropiación existe la obligación de indemnizar a los afectados, que no sean delincuentes y no salgan en la auditoria fiscal que se practica, pero se trata de un mecanismo que toma su tiempo.

Ante ello, dijo, "nuestra presencia aquí obedece a que necesitamos impulsar de manera conjunta con los diputados una ley de extinción de dominio o de extinción del régimen de la propiedad".

Ello para que puedan incautarse propiedades a los delincuentes y al mismo tiempo se pongan en función proyectos productivos que permitan dislocar la infraestructura del crimen.

Ortega consideró que en el caso de la expropiación debe ampliarse el concepto de utilidad pública cuando se trate de cuestiones de seguridad y cuando tenga como finalidad el reciclamiento de espacios urbanos para vivienda.

Por otro lado comentó que los procesos de expropiación que se han llevado a cabo en Tepito e Iztapalapa han sido recibidos con beneplácito por la ciudadanía.

Negó que se cuestione la legalidad del proceso y dijo que prueba de ello es que no se concedió ninguna suspensión en nueve amparos que se interpusieron en el caso de Tepito y cinco en Iztapalapa, porque los jueces consideraron que se trata de un proceso legal.

Al preguntarle en qué etapa se encuentra el proceso respondió que se tritura todo lo que se encontró al interior de los predios que fueron expropiados.

Con la presencia del Ministerio Público y un representante de la Oficialía Mayor de la SSP-DF se procede a inventariar las autopartes que se encuentran en los inmuebles en Iztapalapa, de manera que no haya ninguna que luego aparezca en otro mercado, detalló.

Agregó que las autopartes que son inventariadas son inutilizadas y para su reciclamiento se contrató a una empresa que tiene su sede en Ecatepec, Estado de México, la cual se lleva la mercancía y separa los plásticos de metales para que luego pueda venderse por kilo.

Por otro lado dijo no compartir la visión de que la Ciudad de México sea más peligrosa que las nueve grandes urbes de los Estados Unidos, por lo que cuestionó un informe que al respecto emitió el vecino país del norte.