La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió el acuerdo firmado por su presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, a fin de que el caso sea analizado por el ministro Juan Silva Meza, quien elaborará un proyecto de dictamen que será puesto a consideración del pleno.

Este martes, una comisión de legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), encabezada por su coordinadora Jurídica y secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Aleida Alavez, entregó al ministro presidente documentación que presuntamente prueba violaciones a las garantías individuales en Oaxaca por autoridades federales y locales.

En entrevista, Alavez Ruiz indicó que Ortiz Mayagoitia les informó durante la reunión que la solicitud enviada por la Cámara de Diputados ya está en trámite y que Silva Meza presentará sus conclusiones a los demás ministros.

Precisó que entre la documentación que entregaron a la SCJN se encuentra el expediente de juicio político que instauró la Cámara baja contra el gobernador oaxaqueño, Ulises Ruiz.

De igual forma, se incluyen los reportes de organizaciones como la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a raíz del conflicto en el que se registró la muerte de 26 personas.

La diputada perredista adelantó que solicitará reunirse con el ministro encargado de elaborar el proyecto de sentencia, a fin de convencerlo para que la SCJN investigue las posibles violaciones a derechos humanos y se deslinden responsabilidades.

Subrayó que los principales responsables de estas violaciones a habitantes de Oaxaca durante el conflicto magisterial que inició el año pasado, son el mandatario local y el entonces secretario de Seguridad Pública Federal, Eduardo Medina Mora, así como otros servidores públicos federales y estatales.

Juan Silva Meza, es el coordinador de la comisión que creo la SCJN para investigar si se violaron garantías individuales de la periodista, Lydia Cacho, y también fue el ministro que elaboró el dictamen sobre la existencia de violaciones a derechos humanos en San Salvado Atenco.