Quienes estaban a favor consideraron que debe haber un mecanismo de defensa frente a la intervención del tribunal que actúa como jurado de sentencia en un juicio político.

Sergio Valls Hernández, ministro de la SCJN, explicó que “contra los actos derivados del procedimiento de sentencia a cargo del Tribunal Superior de Justicia, considero que sí es procedente el amparo, toda vez que el tribunal puede violar garantías fundamentales al momento de resolver cualquier sanción que imponga al servidor público”.

Para otros, la sentencia emitida en un juicio político no puede considerarse como acto de justicia, por lo que no procede el amparo.

Sergio Aguirre Anguiano, ministro de la SCJN, indicó que “no se puede desnaturalizar el juicio que fue objeto y que se instruyó ante un órgano legislativo, y fue un juicio político de naturaleza política; no puede ser una especie de transformer, no sé si conozcan ese juguetito, que empieza siendo una cosa y termina siendo otra”.

En el momento de la votación, hubo cinco votos a favor y cinco en contra.

Estaban presentes diez de los once ministros que conforman el Pleno de la Suprema Corte. Ausente por enfermedad, el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo.

Dado el empate, se decidió que el asunto sea discutido posteriormente, cuando esté completo el número de integrantes del Alto Tribunal.