Morales Hernández dijo esperar que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) no restituya a Gómez Urrutia la toma de nota, porque independientemente de la violación a los estatutos se actuaría contra el Artículo 38, fracción quinta, de la Constitución.

En entrevista expuso que de acuerdo con ese precepto constitucional están suspendidos los derechos de Gómez Urrutia por su condición ante la justicia.

Ello al contar con diversas órdenes de aprehensión por el delito de fraude, presuntamente cometido en prejuicio de más de 10 mil mineros a quienes no entregó su parte de los 55 millones de dólares del fideicomiso minero.

Reconoció que aunque los estatutos también prohíben dar la dirigencia a una persona con antecedentes penales, podrían ser modificados a modo para que Gómez Urrutia sea nuevamente reconocido.

No obstante, comentó que la Constitución es clara en ese sentido donde se habla de la suspensión de derechos y prerrogativas de los ciudadanos que no son honorables y honestos.

Morales explicó que el origen de su participación en esta agrupación no fue un cargo, sino la lucha de más de 10 mil trabajadores defraudados por Napoleón Gómez Urrutia que tienen derecho a su parte del fideicomiso minero.

Ante ello advirtió que su actuación en el sindicato concluirá hasta que Gómez Urrutia reintegre los recursos que malversó, por lo que demandó a las autoridades mexicanas seguir el curso de las órdenes de aprehensión contra Napoleón por jueces de Sonora, San Luis Potosí y el Distrito Federal.

"Queda claro que nosotros no vamos a cejar en nuestra lucha hasta que los compañeros recuperen su patrimonio", dijo Elías Morales luego de conocer la decisión del Cuatro Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo.

Indicó que el Sindicato Minero no tuvo nada qué ver en ese litigio, ya que la denuncia era contra la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que "no supo o no quiso defenderse adecuadamente".

"El fondo que dio origen al conflicto minero y por lo cual Gómez Urrutia se encuentra huyendo fuera del país sigue siendo la malversación de 55 millones de dólares, que las autoridades mexicanas no pueden pasar por alto y tienen la obligación de aplicar la ley para que se haga justicia a favor de los compañeros afectados".

Señaló que por solidaridad gremial y porque así se lo solicitaron los afectados continuará encabezando la lucha de los denunciantes ante los tribunales para que logren la recuperación de su patrimonio.

"Me pidieron que no los dejara solos y no lo haré", agregó Morales Hernández quien afirmó que de 32 mil afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, contaría con el apoyo de alrededor de 22 mil trabajadores.