CIUDAD DE MÉXICO, México, abr. 12, 2007.-El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado presentó una iniciativa que legaliza el derecho a una muerte digna a los pacientes en fase terminal. Iniciativa que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) recibió con beneplácito.
El senador Manlio Fabio Beltrones apuntó que “habla de un procedimiento sumamente pulcro de carácter biológico y también de salud pública, nosotros estamos de acuerdo”.
El Partido Acción Nacional (PAN) manifestó su disposición a discutirla, pero con una sola posición.
El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), el senador Santiago Creel advirtió que “el partido Acción Nacional está preparado para defender la vida en todas sus manifestaciones”. Se trata de la Ley General de Suspensión de Tratamiento Curativo.
Se propone que se dejen de administrar al enfermo terminal tratamientos ante la imposibilidad de recuperación.
Aplicaría en padecimientos reconocidos, progresivos, irreversibles e incurables que se encuentren en estado avanzado, en el que exista certeza de muerte en un lapso no superior a seis meses.
El senador perredista Lázaro Mazón aseveró que “sólo cambiaremos en caso de ser aceptada la solicitud de muerte digna, la sustitución del tratamiento curativo, por uno paliativo, permitiendo a la enfermedad evolucionar a su historia natural, esto es el derecho a morir con dignidad, a bien morir como dice nuestra gente”.
Deberá ser un paciente en estado terminal, mayor de edad y en pleno uso de sus facultades mentales y realizar la solicitud ante notario.
La terminación voluntaria de los tratamientos sólo podría aplicarse en instituciones públicas del Sector Salud y luego de la aprobación de un Comité Nacional de Bioética Médica, que sería creado y regulado por la Secretaría de Salud.
También se propone una reforma al Código Penal Federal para dejar sin sanción a quien ayude a morir a una persona en acatamiento a la nueva norma.
Actualmente se penaliza de uno a cinco años de prisión a quien preste auxilio para que otro se suicide y de cuatro a 12 años a quienes ejecuten la muerte como auxilio.
La iniciativa fue turnada para su análisis a las Comisiones Unidas de Justicia, Salud y Estudios Legislativos.