MORELIA, México, abr. 20, 2007.- A un año del fallido desalojo de la empresa Sicartsa, en donde dos mineros murieron y decenas de obreros y policías resultaron heridos, el gobernador Lázaro Cárdenas Batel aseguró que no se ha dado 'carpetazo' al caso. Por ello, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) continua investigando para castigar a los responsables de disparar.
'Lo más sencillo hubiera sido proceder contra un elemento -policiaco- para satisfacer la legítima demanda de quienes se vieron afectados, pero de lo que se trata es de hacer las cosas con toda seriedad y en fundamento y no sólo buscar cubrir un expediente', aseguró el mandatario estatal.
Dijo que en el conflicto minero que se vivió en el puerto de Lázaro Cárdenas se cometieron errores, pero reconoció que el más grave fue haber mezclado los asuntos laborales y gremiales con las cuestiones de orden penal, que debieron de haberse tratado por caminos diferentes.
Cárdenas Batel añadió que el desalojo de Sicartsa, registrado el 20 de abril de 2006, y que derivó en un enfrentamiento de mineros con policías estatales y federales, 'no debió de haber ocurrido'.
Aseguró que tras esos hechos, su administración aplicó las sanciones administrativas correspondientes -ceses del entonces secretario de Seguridad Pública, Gabriel Mendoza Jiménez, y del coordinador de la Policía Ministerial del Estado, Jaime Liera Álvarez-.
Además, dijo, se atendieron todas las recomendaciones recibidas por las Comisiones Estatal y Nacional de los Derechos Humanos.
En tanto, en el puerto de Lázaro Cárdenas, obreros de la Sección 271 del Sindicato Nacional Minero realizarán este viernes una marcha mitin del Monumento Minero a la puerta dos de Sicarta.
En ese lugar develarán los bustos en memoria de los mineros Mario Alberto Castillo y Héctor Álvarez Gómez, fallecidos durante el enfrentamiento de hace un año.
