CIUDAD DE MÉXICO, México, abr. 25, 2007.- Diputados locales avalaron la determinación de la Secretaría de Gobernación (Segob) de abrir un proceso administrativo contra el cardenal Norberto Rivera y el vocero del Arquidiócesis de México, Hugo Valdemar, por su presunta intervención en la discusión de la despenalización del aborto. El diputado Agustín Guerrero Castillo, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), calificó ese anuncio como una buena señal y expresó su confianza en que las investigaciones de la participación de esos religiosos serán apegadas a la ley.
Consideró que la actuación de la jerarquía católica rebasó el marco legal establecido en la Constitución durante el proceso efectuado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para despenalizar el aborto.
También se dijo complacido por el extrañamiento formulado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el spot del Partido Acción Nacional (PAN) sobre el aborto y de la queja que presentó ante el Instituto Federal Electoral (IFE) por considerarlo un agravio.
Aseguró que este martes la derecha mexicana perdió por todos los frentes, pues primero lo hizo en el debate y la votación de la despenalización del aborto, luego con la SCJN al incurrir en excesos y con el anuncio de la Segob de iniciar un proceso contra Rivera Carrera y su vocero Hugo Valdemar Romero.
A su vez, el vicecoordinador de la bancada del PAN, Jorge Triana Tena, rechazó que el partido se haya convertido en perdedor con la despenalización del aborto o con las determinaciones de la Corte, y advirtió que los resultados electorales de 2009 y 2012 serán los que revelen quién "perdió más capital político".
Señaló que a pesar de que el PAN considera que en ningún momento la Iglesia intervino en el debate de la despenalización del aborto, el proceso contra los jerarcas católicos "habla bien de la Secretaría de Gobernación que tiene la obligación de abrir esta línea de investigación y ojalá se llegue al fondo de este asunto".
En tanto, el coordinador de la bancada priísta, Jorge Schiaffino, consideró que "ya era tiempo de que la Secretaría de Gobernación actuara y dejara a un lado sus creencias personales".
El presidente de la Coalición Socialdemócrata, Jorge Carlos Díaz Cuervo, calificó de tardía la respuesta de la Segob, pues a su consideración debió actuar desde un inicio contra la jerarquía católica, "pues los excesos estaban a la vista de todos".
Sostuvo que más que una sanción económica contra los religiosos, a su bancada le basta con el llamado de atención que se les hizo para que se ajusten a la legalidad.
