Los 7 magistrados que la integran resolvieron 8 juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, promovidos en contra de decisiones de directivas partidistas y autoridades electorales.

También decidieron sobre dos juicios de revisión constitucional, interpuestos contra el Tribunal Electoral de Tabasco.

En uno de ellos, el máximo tribunal electoral ordenó el reajuste, conforme a derecho, del financiamiento público a los partidos políticos locales.

Inicialmente el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco no había determinado prerrogativas, en su presupuesto del 2007, para el Partido Verde Ecologista de México.

El Tribunal Electoral de Tabasco determinó que ese partido sí debe recibir financiamiento porque cumplió con los requisitos legales al haber conservado su registro como partido político nacional y haber obtenido cuando menos el 1.5 por ciento de la votación emitida en las elecciones celebradas en esa entidad.

Sin embargo, en la redistribución de las prerrogativas, el Instituto Electoral de Tabasco afectó al PRD y al PRI, por lo que ahora deberán ser enmendados los errores.