CIUDAD DE MÉXICO, México, mayo 2, 2007.- El secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, rechazó que el Gobierno Federal proteja al cardenal Norberto Rivera y a la Iglesia Católica de México. Preciso que el procedimiento administrativo en contra del Arzobispo Primado de México y su vocero, el sacerdote Hugo Valdemar, continua.
“No protegemos a nadie, tan no protegemos a nadie que ustedes ven si cuando hay la solicitud correspondiente en los términos de ley pues se entrega el apercibimiento correspondiente para que se ofrezcan las pruebas, si hubiera protección no estaríamos haciendo eso, no, absolutamente nada, hay aplicación de la ley y del derecho”, dijo Ramírez Acuña.
El secretario de Gobernación se comprometió a ser imparcial en el caso del proceso administrativo que se sigue al cardenal Rivera y a su vocero, que tuvo su origen en una queja presentada por el Partido Alternativa, por supuestos excesos en sus declaraciones en torno a la despenalización del aborto.
“Las decisiones que ha tomado la Secretaría de Gobernación desde siempre no han estado señaladas ni encauzadas a hacerse de manera parcial, sino de manera totalmente imparcial en la aplicación de las leyes… estaremos haciendo la revisión y de acuerdo con la propia legislación, estaremos, una vez que presenten las pruebas, estaremos tomando las decisiones”, apuntó el funcionario.
El secretario de Gobernación dijo desconocer si el cardenal Rivera ya presentó sus argumentos de defensa. Se le preguntó si lo citará a comparecer:
“No lo tengo yo en mi mesa, lo tenemos en la Subsecretaría correspondiente”
-¿Y podría ser citado a comparecer o no es necesario?
“El procedimiento está establecido en la propia ley”, dijo.
La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público establece al respecto, en su artículo 30, que se integrará una comisión de funcionarios de la Secretaría de Gobernación: los titulares de la Dirección de Asociaciones Religiosas y de las unidades de Asuntos Jurídicos y Defensa de los Derechos Humanos.
La autoridad notificará al interesado de los hechos que se consideran violatorios de la Ley, apercibiéndolo para que dentro de los quince días siguientes al de dicha notificación comparezca ante la comisión.
Alegue lo que a su derecho convenga y ofrezca pruebas.
Si en esos 15 días no se presenta, la comisión de cualquier manera dictará su resolución.