La ALDF cometió violaciones al aprobar el aborto: Abogados Católicos (Archivo).
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Solicitan a PGR inconstitucionalidad contra el aborto



por: Iván González
Fuente: Noticieros Televisa







Abogados Católicos de México solicitan al titular de la PGR promover un recurso de inconstitucionalidad contra la despenalización del aborto en el DF



CIUDAD DE MÉXICO, México, mayo. 3, 2007.- El presidente del Colegio de Abogados Católicos de México, Armando Martínez, le solicitó por escrito al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, que promueva un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La petición es para que el máximo tribunal del país declare inconstitucional la despenalización del aborto en el Distrito Federal.

“Que interceda ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ejercite las facultades que le otorga la Constitución para solicitar la acción de inconstitucionalidad respecto a las reformas hechas y promulgadas la semana pasada en cuanto al tema de la despenalización del aborto”, señaló Armando Martínez.

El abogado católico aseguró que al aprobar la despenalización del aborto, la Asamblea Legislativa cometió violaciones de forma y de fondo a la ley.

Las violaciones de forma se habrían dado -según el denunciante- en el procedimiento legislativo.

“El dictamen que se discutió en el pleno de la Asamblea Legislativa nunca fue el dictamen que se propuso en la discusión, fue un dictamen que se guardó en lo oscurito y ahí se violaron muchos procedimientos”, aseguró el representante de los Abogados Católicos de México.

En cuanto al fondo de la reforma, Armando Martínez aseguró que se violó un acuerdo internacional firmado por México, que tiene rango igual o superior a las leyes federales.

“Se estaría violando la protección que se debe de dar al no nacido, que se establece en el artículo cuarto del Pacto de San José, y se está violando también la Constitución en este sentido”, afirmó Armando Martínez.

El abogado de la Iglesia Católica dijo que acuden al titular de la PGR porque no confían en la Comisión de Derechos Humanos local.

El procurador general de la República deberá determinar si existen o no los elementos jurídicos suficientes para promover el recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte.

El plazo es de 30 días a partir del pasado 24 de abril, en que fue publicada la reforma legal.


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