CIUDAD DE MÉXICO, México, mayo 3, 2007.- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal determinó que no existen elementos jurídicos suficientes para interponer un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia en contra de la despenalización del aborto en la capital. El PAN del Distrito Federal solicitó al ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza, que interpusiera el recurso legal.
Sin embargo, la Comisión respondió mediante un comunicado de prensa que las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no vulneran los Derechos Humanos ni las garantías individuales de los capitalinos.
En el documento, se argumenta que las reformas al Código Penal del DF no imponen una conducta, sino que únicamente hacen posible una decisión individual, además de que dichas reformas responden a recomendaciones hechas a las autoridades locales por organismos internacionales, como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
La Comisión recuerda en su comunicado que los abortos mal atendidos representan la tercera causa de mortalidad materna en el Distrito Federal y la quinta a nivel nacional.
Más tarde, el PAN capitalino respondió con un boletín de prensa.
Lamentó la decisión de la Comisión de Derechos Humanos del DF, ya que -desde su punto de vista- debería ser la Suprema Corte, y no la propia Comisión, la que determine si las reformas aprobadas son o no anticonstitucionales.
En el comunicado se informa que la presidenta del PAN en el DF, Mariana Gómez del Campo, solicitará a Álvarez Icaza que dé una explicación a la ciudadanía sobre su decisión, ya que la Comisión -dice el documento- debe velar por los derechos de acuerdo al orden jurídico fundamental, cuya finalidad se refiere a la protección de los derechos inherentes a la naturaleza humana.
