CIUDAD DE MÉXICO, México, mayo 8, 2007.- El ex procurador general de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, consideró "inesperada" la liberación de Carlos Ahumada, y negó que su consignación haya sido una venganza por haber hecho públicos los videos donde entregaba dinero a ex servidores públicos del gobierno capitalino.

Dijo que la averiguación previa en su contra se encontraba avanzada y se había consignado a algunos de sus cómplices, "más bien hacer públicos los videos fue una respuesta a la investigación de la Contraloría y de la procuraduría capitalina", comentó.

En conferencia de prensa, en las oficinas de Andrés Manuel López Obrador, con quien colabora, adjudicó la liberación del empresario al ofrecimiento que, según dijo, le hicieron en su momento personas ligadas al gobierno federal, en el sentido de que lo apoyarían.

Acompañado por Bertha Elena Luján, ex contralora del gobierno capitalino, negó que la liberación del empresario sea consecuencia de una averiguación previa mal hecha, incorrecta o deficiente, por eso expresó su confianza en que el Tribunal Superior de Justicia podrá corregir la resolución del juez Alberto Ruvalcaba.

El ex funcionario precisó que el siguiente paso en este proceso será que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) interponga el recurso de apelación contra la sentencia que le confiere la libertad.

Aclaró que como ex procurador "no vamos a decirle a las actuales autoridades que tienen que hacer. Estamos aclarando una presentación de unos hechos donde el señor Ahumada pareciera que es víctima de una venganza o de un atropello, como no es así nos toca aclarar que no se trata de ninguna venganza".

"Se trató de una acción legítima sustentada en documentación y que estaba en pleno desarrollo cuando los famosos videos aparecen en la televisión mexicana", insistió.

El fraude por el que fue acusado, expuso, consistió en obras colocadas en la delegación Gustavo A. Madero a través de varias empresas de las que él tenía el control absoluto, obras que nunca fueron ejecutadas.

Reiteró que el empresario fue consignado por un fraude que quedó acreditado primero con documentos contables en la Contraloría y luego con una consignación que fue confirmada por un juez "no se trata de ninguna manera de un preso político".

En ese marco informó que están pendientes aún por consignar otras averiguaciones por fraudes en Álvaro Obregón, Tláhuac y por uso y falsificación de documentos.