CIUDAD DE MÉXICO, México, mayo 13, 2007.- La Procuraduría General de la República (PGR) deberá entregar una serie de datos sobre los procesos penales seguidos a 11 narcotraficantes y jefes de diversas organizaciones delictivas extraditados a Estados Unidos. Al concluir un recurso de revisión, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) revocó la incompetencia sobre el tema que alegó originalmente la PGR.
Mediante otra resolución vinculada a una queja similar con respecto a las mismas personas, el IFAI determinó que la dependencia federal deberá explicar al solicitante los detalles del entramado jurídico que sustentan las extradiciones.
En el primer caso, la ciudadana Ruth González Aguirre solicitó detalles sobre las sentencias dictadas y los procesos penales que enfrentaron en México Osiel Cárdenas Guillén, Gilberto Higuera Rivero, Ismael Higuera Guerrero, Héctor Palma Salazar, Gilberto Salinas Doria y José Alberto Márquez Esqueda.
Así como de Gracielo Gardea Carrasco, Miguel Ángel Arriola Márquez, Saul Saucedo Cháidez, Efraín González Cisneros y Alicia González Cisneros, todos ellos señalados como jefes o integrantes de diversas bandas delictivas.
En principio, la PGR se declaró incompetente para informar sobre los procesos penales, pues aseguró que se trataba de datos en poder del Consejo de la Judicatura Federal.
Sin embargo, al revisar el asunto el comisionado del IFAI, Alonso Gómez Robledo, encontró que de acuerdo con la Ley la PGR en su carácter de parte en todos los procesos penales federales, a través del Ministerio Público federal, debe contar con esa información.
En la resolución del recurso número 823/07, el comisionado incorporó copias de documentos públicos como conferencias de prensa y turnos de los asuntos publicados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De manera paralela, en el recurso número 824/07 que dictaminó el comisionado Juan Pablo Guerrero Amparán, la misma persona solicitó el fundamento legal de la extradición de los procesados a Estados Unidos.
Originalmente, la PGR señaló que la información debía reservarse por 12 años para no afectar las relaciones internacionales con el vecino país del Norte y no entorpecer los juicios criminales que se siguen en juzgados de aquel país.
Tras las quejas ciudadanas, la PGR explicó al IFAI que el fundamento legal de las extradiciones se encuentra tanto en la Constitución como en la Ley de Extradición Internacional y el Tratado de Extradición Internacional suscrito entre México y Estados Unidos.
El comisionado Guerrero consideró la respuesta como suficiente para atender la solicitud de información, por lo que la PGR deberá proceder en consecuencia.
