CIUDAD DE MÉXICO, México, ene. 23, 2008.- Magistrados de la Sala Superior del TEPJF concluyeron que el denominado "grupo de ocho" conformado por los actuales consejeros del IFE está al margen de la ley y pretende equipararse al Consejo General de dicho instituto, por lo que determinaron revocar el acuerdo que le dio origen.
El magistrado Manuel González Oropeza acusó que el documento fue aprobado sin que los consejeros que lo suscribieron tuvieran facultades para ello.
Ante ello, dijo, "no se condujeron de acuerdo con el principio de legalidad, toda vez que el denominado grupo de ocho está al margen de la regulación constitucional y legal en materia electoral".
Los magistrados se pronunciaron sobre el acuerdo denominado "Compromisos asumidos por los consejeros electorales para respetar las reglas básicas de trabajo, dirección, toma de decisiones y acuerdos", emitido el 16 de diciembre de 2007 tras la renuncia de Luis Carlos Ugalde a la presidencia del IFE.
El acuerdo fue impugnado por el entonces representante del PRD ante ese órgano, Horacio Duarte, quien pidió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revisar su legalidad al suponer que su emisión había incurrido en irregularidades.
González Oropeza fue el encargado de elaborar el proyecto de sentencia en el que consideró fundado el alegato de que el dictado y aprobación de dicho documento se realizó sin que los consejeros electorales que lo suscribieron tuvieran facultades para ello.
Además se creaba un órgano que se pretendió equiparar al Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE).
"Del análisis de la legislación electoral se advierte que los consejeros electorales no tienen atribuciones en forma individual, sino que éstas están referidas al desempeño dentro del órgano colegiado denominado Consejo General del Instituto Federal Electoral", asienta la sentencia.
El magistrado apuntó que al reunirse y suscribir el documento los ocho consejeros, incluido el actual presidente provisional Andrés Albo Márquez, actuaron al margen de la constitucionalidad y legalidad electorales.
Del análisis del documento, advirtió el magistrado, se desprende que la consecuencia de la conformación de un denominado grupo de ocho sería la de constituir un órgano que influiría en la agenda de trabajo, dirección, toma de decisiones.
Agregó que el mencionado grupo no sólo está al margen de la regulación constitucional y legal en materia electoral, sino que en la práctica resultaría paralelo al Consejo General que de acuerdo con la ley es el máximo órgano directivo del IFE.
Añadió que los consejeros electorales no tienen atribuciones para constituir un órgano de la naturaleza del mencionado grupo de ocho, "por lo que resultaría absurdo que tal órgano tenga definidas atribuciones a partir de un acuerdo de voluntades de quienes no tienen facultades para ello".
La sentencia que revoca el acuerdo fue aprobada por unanimidad.
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