Pero aclara que el régimen presupuestario no puede ser monopolio de un solo Poder.

Por lo que los exhorta a analizar las observaciones y alcanzar los acuerdos necesarios para un nuevo Presupuesto.

En el documento de 134 cuartillas se exponen las consideraciones técnico-jurídicas y presupuestarias de las reasignaciones hechas por los legisladores.

Así como las implicaciones de los recortes al gasto del gobierno federal.

Por ejemplo, en la Presidencia de la República, a la que se le redujeron 216 millones de pesos, que implicaría, dice el texto, no contar con recursos suficientes para cumplir con el programa de giras presidenciales y cubrir la operación y mantenimiento de las aeronaves de la flota aérea presidencial.

El recorte de 665 millones de pesos a la Secretaría de Gobernación implicaría desaparecer la agencia de noticias Notimex, así como la paralización o degradación de servicios en materia migratoria, de seguridad nacional y de protección civil.

Por el recorte de 930 millones de pesos a la cancillería, se cerraría el 30% de Embajadas y consulados de Relaciones Exteriores en el extranjero.

En el caso de la Secretaría de Hacienda, la reducción de mil 205 millones de pesos, afectaría la operación del Servicio de Administración Tributaria, y por tanto el nivel de recaudación.

En el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional, que tuvo una reducción de 817 millones de pesos, limitaría la dotación de combustibles, lubricantes y aditivos para las unidades terrestres y aéreas del Ejército y Fuerza Aérea, y se carecería de medicamentos y equipo para los hospitales militares.

En el rubro de las reasignaciones, el Ejecutivo pide reexaminarlas ya que se repartieron a una serie de obras, equipamientos y remodelaciones que pareciera estar dirigidas, dice, a atender peticiones concretas de legisladores o grupos parlamentarios.

Como una biblioteca para la Universidad de Guadalajara, equipo de refrigeración para un Centro Cultural en Tijuana, reposición de equipos para el Museo de Antropología Carlos Pellicer en Tabasco, el proyecto ‘Ciudad inteligente’, en Nuevo León, 43 instalaciones deportivas en Veracruz y Nuevo León, el Metro de Monterrey o el del Estado de México.

Nueve carreteras para Coahuila, 5 para Colima, 21 para Chiapas, 21 para Veracruz o 12 para Nuevo León, ninguna de las cuales, agrega en el documento, es consistente con el Programa Sectorial de la SCT.

La asignación de 20 millones de pesos para una asociación civil denominada "Entidad Mexicana de Acreditación". O 9.7 millones para la dirección estatal del Conalep en Michoacán.

En otro de los apartados se refiere a la invasión de competencias por determinación de obras específicas, financiadas con recursos federales, a realizarse en entidades federativas o municipios.

Y otro apartado más en el que habla de la inconstitucionalidad de diversas disposiciones del Proyecto de Egresos por contravenir leyes federales.